Le linee guida del programma elettorale del Psoe in vista delle elezioni anticipate del 28 aprile, obiettivo: combattere la disuguaglianza cresciuta durante gli anni della grande recessione. elpais.com
Regreso al ideario tradicional de la socialdemocracia para tratar de marcar el paso en la campaña electoral. Pedro Sánchez ha presentado este miércoles 27 las líneas maestras del programa del PSOE para el 28-A. El presidente ha puesto el énfasis en revertir los elevados niveles de desigualdad, que se han disparado durante la Gran Recesión. Los socialistas redoblan su apuesta por subir los impuestos a las rentas más altas y grandes empresas, y prometen anular los aspectos más lesivos de la reforma laboral que no han logrado derogar en el Gobierno. Además, apuntan a una subida de la presión fiscal, muy inferior a la media europea, para costear medidas como el ingreso mínimo vital.
El programa económico del PP se basa en bajar todos los impuestos —con el ultraliberal Daniel Lacalle como ideólogo—, a pesar de la complicada posición fiscal de España, con una tasa de paro del 14%, el mayor déficit de Europa (2,7%) y una deuda pública que roza el 100% del PIB. La apuesta del PSOE, en cambio, consiste en recobrar las credenciales socialdemócratas perdidas tras la conversión de José Luis Rodríguez Zapatero a la austeridad en mayo de 2010. Ante las señales de desaceleración económica, con España respondiendo, al menos por el momento, mejor que el resto de las principales economías de la UE, el PSOE considera prioritario reforzar la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. De ahí que el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrellas que Sánchez ya contemplaba en los programas electorales de 2015 y 2016, se mantenga como una de las principales propuestas del Ejecutivo.
NINGUNA REFERENCIA AL TRASVASE TAJO-SEGURA
El programa del PSOE no incluye ninguna referencia al trasvase Tajo-Segura. El Tribunal Supremo anuló hace dos semanas varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fijaba caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid) y zonas de Castilla-La Mancha. Entre las 110 medidas principales del partido en el Gobierno está el desarrollo de una política del agua, incluida la finalización de un Libro Verde sobre su gobernanza, “que anticipe y evite los efectos del cambio climático, utilizando las mejores tecnologías”.
En esta línea se pondría en marcha un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua. El objetivo sería “garantizar en el medio y largo plazo una gestión sostenible de los recursos hídricos, basada en el ciclo integral y aportar transparencia a los escenarios de gestión”.
La filosofía implícita del programa es por tanto contraria a los trasvases y se asemeja a la del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page. La semana pasada el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, también del PSOE, afirmó que el trasvase Tajo-Segura continúa estando vigente “a todos los efectos” tras la sentencia del Supremo.
Con ese ingreso mínimo, Sánchez aspira a erradicar la pobreza infantil, un drama que en España afecta a 2,6 millones de menores según datos del Gobierno y de Unicef. “Es la piedra sobre la que vamos a construir la lucha contra la pobreza”, ha afirmado el presidente en la presentación de las 110 medidas más relevantes de su proyecto. El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo un real decreto en el que establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales para las familias en situación de pobreza y que en el caso de las familias en situación de pobreza severa asciende a 588 euros. En esta línea, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, llevó la semana pasada al Consejo una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
La financiación de estas y otras medidas sociales pasa por la subida impositiva a las rentas más altas. Es lo que el Gobierno pretendía en los Presupuestos para este ejercicio, que el Congreso rechazó con el voto en contra de PP, Ciudadanos, PDeCAT y ERC. El PSOE y Podemos acordaron en otoño aumentar el IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros y subir el impuesto de sociedades a las grandes empresas cuya facturación supera los 20 millones. El Gobierno, que estima que por la vía de impuestos podría ingresar 5.700 millones de euros más, insiste por tanto en “converger paulatinamente” hacia el promedio de recaudación de la UE.
La presión fiscal en España fue en 2017 del 34,5% en relación con el PIB —a la altura de varios socios del Este, y muy lejos de los países nórdicos— frente a una media del 41,4% en la zona euro, según Eurostat.
